Laboratorio del Futuro | 10 de septiembre de 2026
La Unión Europea aprobó en julio de 2026 el Reglamento Ómnibus Digital sobre IA, la primera reforma de su histórica Ley de IA. El Reglamento (UE) 2026/1744 entró en vigor el 27 de julio de 2026, introduciendo cambios significativos en los plazos y algunas obligaciones. La aplicación de requisitos para sistemas de alto riesgo —los que pueden afectar la seguridad, los derechos fundamentales o el empleo— se aplaza hasta diciembre de 2027 para sistemas independientes y agosto de 2028 para sistemas integrados en productos.
El modelo europeo es el más comprehensivo del mundo: un enfoque basado en riesgos que impone obligaciones ex ante a los desarrolladores, con multas de hasta el 3% de la facturación global para quienes no documenten cómo fueron entrenados sus sistemas. Entre las nuevas disposiciones, destaca la prohibición de deepfakes sexuales no consentidos y material de abuso sexual infantil generado por IA, prevista para diciembre de 2026.
China ha seguido un camino distinto. Desde septiembre de 2025, exige que todo contenido generado por IA se identifique con marcas visibles o técnicas. En julio de 2026, publicó un plan de acción sobre gobernanza ética internacional de la IA durante la Conferencia Mundial de IA en Shanghai. El documento pide que los países tomen medidas «a la luz de sus condiciones nacionales» en áreas como la gobernanza ética a lo largo del ciclo de vida de la IA y la prevención y control de riesgos categorizados y en niveles. China también ha lanzado un programa piloto para la revisión ética y los servicios de IA, con el objetivo de establecer una red nacional de servicios de monitoreo de riesgos éticos.
El modelo chino integra la gobernanza de IA dentro de una estrategia económica y de seguridad controlada por el Estado, posicionando la tecnología como pilar central de su política industrial.
Estados Unidos carece de una ley federal integral de IA. El modelo estadounidense está impulsado por el mercado, enfatizando el liderazgo del sector privado y la regulación sectorial específica. El debate legislativo —que exigiría a los desarrolladores incorporar mecanismos de seguridad como interruptores de apagado— no ha alcanzado consenso político.
La ONU advierte que la regulación avanza «de manera desigual» y que los marcos nacionales, normas técnicas y acuerdos bilaterales no bastan para contener una tecnología que no respeta fronteras. La pregunta que ningún gobierno responde: ¿quién tiene la autoridad —y la capacidad— para detener una carrera que todos los actores temen perder?
