Uno de los planteamientos más innovadores de Magnifica Humanitas es la extensión del principio del destino universal de los bienes —un principio clásico en la Doctrina Social de la Iglesia que sostiene que los bienes de la tierra han sido dados por Dios a toda la familia humana para sostener la vida de todos— a los bienes inmateriales: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas y, sobre todo, los datos.

El Papa sostiene que los datos no pueden ser considerados propiedad exclusiva de las grandes tecnológicas. Son fruto del aporte colectivo de millones de personas y, por tanto, deben ser gestionados como un bien común o colectivo. La encíclica advierte que «quien controla la IA impondrá su propia visión moral, que se convertirá en la infraestructura invisible de los sistemas». La información y los datos generados de manera colectiva no pueden beneficiar únicamente a unos pocos actores privados.

Esta reivindicación tiene implicaciones profundas. El Papa plantea que debería existir un acceso universal a las tecnologías y a la formación, y que la propiedad de los datos debe ser reglamentada, no confiada exclusivamente al sector privado. Se necesita «una creatividad capaz de gestionarlos como uno de los bienes comunes o colectivos, en la lógica del compartir», como ya sugería san Juan Pablo II a propósito de los bienes colectivos.

La encíclica denuncia que «pequeños grupos muy influyentes pueden orientar informaciones y consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos». Por eso es indispensable que el uso de la IA —sobre todo cuando involucra bienes públicos y derechos fundamentales— esté acompañado de criterios claros y controles efectivos, inspirados en la participación y la subsidiariedad.

El principio del destino universal de los bienes se aplica también a la gobernanza de la IA. «Hoy, entre los bienes que están destinados universalmente a todos, debemos incluir también las nuevas formas de propiedad: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras tecnológicas, datos. En un contexto donde la riqueza de las naciones depende cada vez más de conocimientos y tecnologías, cuando estos bienes quedan concentrados en las manos de unos pocos, sin adecuadas formas de intercambio y de acceso, se crea un nuevo desequilibrio que contradice el destino universal de los bienes y alimenta la brecha entre incluidos y excluidos, entre quienes pueden participar en la revolución digital y quienes permanecen al margen».

La propuesta vaticana sobre los datos contrasta radicalmente con el enfoque de otros actores globales. La Unión Europea, a través del AI Act, ha adoptado un enfoque centrado en la protección de derechos fundamentales y la clasificación de sistemas según su nivel de riesgo, pero no aborda la propiedad de los datos como un bien común en el sentido que propone el Vaticano. China ha desarrollado un marco regulatorio sectorial que prioriza la seguridad nacional y el control estatal sobre la información. Estados Unidos carece de una ley federal integral sobre IA y su enfoque es marcadamente market-driven: prioriza la innovación del sector privado y la mínima intervención gubernamental. Las grandes tecnológicas se han mostrado generalmente reacias a cualquier regulación que limite su acceso y control sobre los datos.

El Vaticano se sitúa, así como la única voz institucional global que propone una concepción de los datos como bien común, desafiando el modelo de propiedad privada que domina el sector tecnológico. Esta propuesta tiene raíces profundas en la tradición cristiana. El Papa recuerda que «la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada», y que su función social no debe ser considerada como una mera opinión teológica, sino como una doctrina cierta de la Iglesia, ya presente en las Sagradas Escrituras y en los Padres. «La solidaridad, vivida en profundidad, significa también «devolverle al pobre lo que le corresponde»».

La aplicación del destino universal de los bienes a los datos tiene consecuencias prácticas: transparencia en los algoritmos, auditorías independientes, acceso equitativo a los datos, herramientas de apelación para las personas afectadas por decisiones automatizadas. El Papa insiste en que la propiedad de los datos no puede confiarse solo al sector privado, sino que debe reglamentarse.

Esta visión de los datos como bien común tiene también una dimensión internacional. El Vaticano denuncia el «colonialismo digital» : la apropiación de datos sanitarios, genéticos y demográficos de poblaciones enteras, a menudo bajo el pretexto de la ayuda o la investigación. «Territorios enteros, sobre todo aquellos con menos relevancia geopolítica y mayor fragilidad estructural, se ven atravesados por una nueva lógica de extracción: la de los flujos sanitarios, perfiles epidemiológicos, mapas genéticos y datos demográficos. Estas son las nuevas «tierras raras» del poder: informaciones vitales que, una vez correlacionadas, pueden utilizarse para entrenar modelos predictivos, orientar estrategias de inversión, anticipar crisis y, sobre todo, seleccionar quién y qué importa».

La encíclica concluye: «Transformar el conocimiento compartido en bien común, no en herramienta de dominio; devolver a los pueblos no solo los datos que los describen, sino también la posibilidad de decidir cómo se utilizarán, quién los utilizará y para quién. De lo contrario, la era digital no será postcolonial, sino colonial bajo otra forma».

Esta es, quizás, la contribución más radical del Vaticano al debate global sobre la IA: una crítica no solo a los abusos de las grandes tecnológicas, sino al modelo mismo de propiedad y control de los datos que sustenta la economía digital. Una crítica que, como la Rerum novarum de León XIII en su momento, aspira a transformar las estructuras de poder de una nueva era.